Advierten a la UE sobre los riesgos de sobrecertificación y greenwashing en los productos agroalimentarios

La mayoría de la fruta que se vende en los supermercados de la Unión Europea lleva etiquetas de certificación emitidas por organismos privados como Rainforest Alliance. Estas certificaciones de sostenibilidad se consideran ‘voluntarias’ para los productores, aunque en la práctica son ‘obligatorias’, ya que los minoristas las exigen para la comercialización dentro de la UE. Ante el riesgo de sobrecertificación del mercado y el consiguiente greenwashing, son muchas las voces que exigen a la Comisión Europea medidas que garanticen los derechos de los consumidores y eviten posibles fraudes entre los certificadores.

El europarlamentario portugués Francisco Guerreiro del Grupo de los Verdes y la Alianza Libre Europea, consciente de este desafío al que se enfrentan productores y consumidores, ha preguntado a la Comisión “si se plantea avanzar en las directrices de la Comunicación de la Comisión 2010 con medidas vinculantes para ofrecer un marco regulatorio que prevenga la sobrecertificación y el greenwashing del etiquetado de los productos agroalimentarios”.

En palabras del eurodiputado, el comunicado de 2010 es insuficiente y no proporciona un marco normativo que indique qué criterios deben cumplirse para que un producto se considere sostenible. Las agencias de certificación, los agentes privados, las empresas o las organizaciones no gubernamentales autogestionadas son quienes venden y regulan las certificaciones. Ante el riesgo de sobrecargar la producción de productos agrícolas con certificaciones ambientales no verificadas, el europarlamentario sostiene que es necesaria una legislación europea al respecto.

Esta no es la primera vez que se cuestiona ante la Comisión la falta de regulación de los esquemas de certificación. La europarlamentaria socialista, la española Mónica Silvana, ya preguntó el pasado mes de marzo a la Comisión acerca del desarrollo de un sistema obligatorio de Responsabilidad Compartida para garantizar la distribución de costes de estas certificaciones a lo largo de la cadena de valor.

En un ecosistema donde los supermercados europeos demandan precios más bajos, pero exigen de forma creciente más estándares y requisitos de sostenibilidad, los costes e inversiones relacionados con estas exigencias son cubiertos en su mayoría por los propios productores.  En Ecuador, por ejemplo, la producción de banano y su exportación al mercado europeo es fundamental para dar empleo a más de 250.000 familias. Los bananeros, en el 95% de los casos pequeños y medianos productores, no pueden acarrear con todos los costes que suponen las certificaciones, al mismo tiempo que se enfrentan a presiones por parte de los minoristas para bajar sus precios.

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