Los productores bananeros piden a la UE un modelo de Responsabilidad Compartida

Los productores agrícolas reclaman a la Unión Europea un mecanismo de responsabilidad compartida. Ante el aumento de los costes relacionados con las certificaciones privadas, los productores cuestionan la falta de un esquema que distribuya de manera equitativa estos costes entre todos los actores de la cadena de valor. En este sentido, señalan un abuso de poder por parte de los grandes distribuidores europeos, que exigen a los productores certificaciones “voluntarias” para comercializar en la UE (de facto obligatorias), al mismo tiempo que reducen el precio pagado al productor.

La europarlamentaria socialista, Mónica Silvana, consciente del impacto de estas certificaciones en el contexto de la producción del banano en América Latina, ha preguntado a la Comisión si “consideran la posibilidad de desarrollar un sistema obligatorio de Responsabilidad Compartida para distribuir los costes relacionados con la sostenibilidad a lo largo de la cadena de producción de una manera más transparente y justa”. La llegada de esta pregunta parlamentaria pone de manifiesto el desafío que suponen estas certificaciones tanto para los agricultores europeos como de terceros países. En un ecosistema donde los supermercados europeos demandan precios más bajos, pero exigen de forma creciente más estándares y requisitos de sostenibilidad, los agricultores cargan a sus espaldas los costes de las certificaciones.

Actualmente, los países miembros de la Unión Europea consumen 6,5 millones de toneladas de banano al año, de los cuales un 75% proviene de América Latina. En Ecuador, por ejemplo, la producción de banano representa el 3% del PIB y genera 2,5 millones de empleo. A pesar de ello, al igual que otras muchas industrias, los costes e inversiones relacionados con los requisitos de sostenibilidad son cubiertos en su mayoría por los propios productores, en el 95% de los casos pequeños y medianos.

En palabras de la eurodiputada española, los organismos de certificación privados no ofrecen un marco para la distribución de estos costes, ni existe legislación europea al respecto (solo una Comunicación de la Comisión de 2010).

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